La publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025 (NSS 2025) representa un punto de inflexión en la proyección exterior de Estados Unidos. El documento articula una visión en la que la seguridad nacional se concibe como un espacio integrado que combina soberanía económica, control territorial, resiliencia industrial y supremacía tecnológica, en estrecha conexión con la competencia sistémica frente a China y la inestabilidad global¹.

Si bien la NSS mantiene la centralidad de las alianzas, su enfoque es selectivo y transaccional: los aliados son entendidos como socios funcionales condicionados a su grado de contribución material. En este marco, la UE deja de ser concebida estrictamente como un bloque normativo y pasa a evaluarse en términos de capacidad estratégica, gasto en defensa y alineamiento geopolítico².

Para España, la estrategia plantea oportunidades —refuerzo del vínculo atlántico, cooperación tecnológica, participación en misiones—, pero también dilemas significativos: incremento de compromisos presupuestarios en defensa, redefinición de la relación OTAN-UE y presión para alinearse con prioridades económicas y geopolíticas estadounidenses que no siempre coinciden con las europeas.

Este artículo analiza la NSS 2025, evalúa su impacto sobre la UE y España y plantea recomendaciones para preservar el vínculo transatlántico sin renunciar al desarrollo de una autonomía estratégica responsable, coherente con los intereses europeos a medio y largo plazo.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025 (NSS 2025) consolida una concepción expansiva de la seguridad en la que las fronteras entre lo militar, lo económico y lo tecnológico se difuminan hasta prácticamente desaparecer. La seguridad deja de identificarse exclusivamente con la defensa territorial y pasa a constituirse como un ecosistema integral de poder estatal, en el que cualquier ámbito susceptible de generar dependencia externa —desde los semiconductores hasta la logística o la energía— es reinterpretado como un posible vector de vulnerabilidad estratégica³ .

En esta perspectiva, la estrategia profundiza la tendencia de los últimos años hacia la securitización de la economía y de la innovación, situando la reindustrialización, la protección de cadenas de suministro y el control de infraestructuras críticas como pilares equivalentes al gasto militar. El liderazgo internacional deja de basarse prioritariamente en la provisión de bienes públicos globales y pasa a apoyarse en la ventaja competitiva nacional, entendida como condición imprescindible para sostener el poder global. Esta lectura supone una inflexión respecto a la lógica liberal-institucional previa, que asociaba la estabilidad del sistema internacional a la interdependencia económica y al fortalecimiento del multilateralismo⁴.

La NSS 2025 reformula esa interdependencia como riesgo. Las conexiones económicas profundas ya no son vistas como mecanismos de estabilidad, sino como posibles instrumentos de coerción estratégica en manos de competidores sistémicos. La respuesta consiste en reforzar la autonomía productiva y tecnológica de Estados Unidos, incluso a costa de tensiones con aliados tradicionales. Desde una mirada crítica, este giro introduce una tensión estructural: el poder estadounidense se ha sustentado históricamente en la capacidad de articular alianzas amplias mediante marcos normativos compartidos; al sustituir esa lógica por una relación más transaccional, la cohesión de la comunidad estratégica occidental puede verse erosionada.

El documento incorpora, además, una narrativa en la que soberanía, identidad nacional y resiliencia económica aparecen estrechamente vinculadas. Políticas como el control fronterizo, la reforma industrial o la protección de sectores estratégicos dejan de ser ámbitos domésticos y se integran plenamente en la arquitectura de seguridad nacional. Ello desplaza el eje de la acción exterior hacia una proyección externa de prioridades internas, reforzando la tendencia a interpretar la política internacional desde parámetros de competencia nacional directa.

Aun así, la NSS 2025 no rompe formalmente con el sistema de alianzas. Lo que cambia es la condicionalidad del vínculo: la cooperación se justifica en función del retorno tangible para los intereses nacionales estadounidenses. Ello transforma la noción de comunidad estratégica en una relación basada en la convergencia material de beneficios, más próxima a la lógica contractual que a la lógica política. El riesgo no reside únicamente en el reparto de cargas —legítimo en términos de responsabilidad—, sino en la posibilidad de que ese reparto derive en asimetrías estructurales que consoliden posiciones de subordinación estratégica entre aliados con menor margen de autonomía decisional.

Desde esta óptica, la NSS 2025 configura un escenario en el que la cooperación sigue siendo posible, e incluso necesaria, pero se ve atravesada por una competencia latente por la definición de prioridades, especialmente en ámbitos tecnológicos, industriales y comerciales. Para los socios europeos, el desafío consiste en evitar que la transición desde la seguridad cooperativa hacia el interés estratégico condicionado se traduzca en una pérdida de capacidad de agencia dentro de la propia alianza.

En el caso europeo, la NSS 2025 mantiene el reconocimiento de la UE y de los Estados europeos como aliados estratégicos fundamentales, pero redefine el significado práctico de esa alianza. La cooperación transatlántica deja de justificarse primordialmente en la comunidad de valores y pasa a evaluarse en función de la capacidad efectiva de contribución en defensa, resiliencia económica y seguridad tecnológica⁵ .

Esto supone una presión creciente para que los socios europeos incrementen su gasto militar, aceleren programas de modernización y desarrollen capacidades operativas propias dentro del marco de la OTAN. Desde un punto de vista funcional, esta exigencia puede interpretarse como una oportunidad para reforzar la seguridad europea; sin embargo, cuando ese proceso no está acompañado de una visión estratégica común dentro de la UE, el aumento de capacidades corre el riesgo de traducirse en una dependencia operativa reforzada del aliado estadounidense, sin avanzar en una auténtica autonomía decisional europea.

A esta dimensión militar se suma la agenda geoeconómica y tecnológica. La estrategia estadounidense enfatiza la necesidad de proteger cadenas de suministro, limitar dependencias críticas y establecer filtros a la inversión y la transferencia tecnológica. La UE comparte parte de estos objetivos, pero persigue también una política de diversificación de socios y mercados que preserve su margen de maniobra diplomático. La convergencia no siempre es automática: la relación con China, la política comercial o la regulación digital constituyen espacios de tensiones latentes entre ambas orillas del Atlántico.

La paradoja es evidente: cuanto más busca Europa fortalecer su autonomía estratégica, más aumenta la expectativa estadounidense de que ese fortalecimiento se traduzca en mayor capacidad de apoyo a la agenda global de Washington. Desde una lectura crítica, la cuestión no es el fortalecimiento de capacidades —necesario e inevitable—, sino la dirección política que adquiere ese esfuerzo. Si la autonomía estratégica europea se integra únicamente como extensión funcional de la estrategia estadounidense, el proyecto europeo puede quedar reducido a un actor secundario dentro de un marco decisional externo.

No obstante, la NSS 2025 también abre espacios de convergencia sustantiva: ciberdefensa, protección de infraestructuras energéticas, seguridad marítima, amenazas híbridas o cooperación tecnológica en áreas críticas. En estos ámbitos, la relación transatlántica sigue resultando imprescindible y beneficiosa para ambas partes. El desafío consiste en articular esa cooperación desde una posición equilibrada, evitando que la lógica transaccional desplace la noción de alianza como comunidad política. Para la UE, la respuesta pasa por consolidar mecanismos de decisión compartidos, reducir la fragmentación entre Estados miembros y avanzar hacia una voz estratégica más cohesionada. Solo así será posible transformar la relación con Estados Unidos en un marco de cooperación madura y bidireccional, en lugar de una sucesión de alineamientos tácticos condicionados por prioridades externas.

En este escenario, España ocupa una posición singular por su doble anclaje atlántico y mediterráneo, su pertenencia a la OTAN y su compromiso con el desarrollo de la autonomía estratégica europea. La NSS 2025 impacta sobre tres vectores principales de la política exterior y de seguridad española: la defensa, la economía estratégica y la proyección regional⁶ .

En el ámbito de la defensa, el impulso al incremento del gasto y de las capacidades operativas puede contribuir a la modernización de las Fuerzas Armadas, al fortalecimiento de la industria nacional y a la integración en programas europeos de alto valor tecnológico. Sin embargo, el esfuerzo presupuestario debe vincularse a una estrategia de retorno industrial y tecnológico, evitando que el aumento de inversión se traduzca en una dependencia creciente de plataformas externas. La oportunidad consiste en utilizar el refuerzo de capacidades para impulsar la base industrial europea de defensa y posicionar a España como actor relevante en consorcios estratégicos europeos.

En el plano económico-tecnológico, la NSS 2025 proyecta una política de seguridad económica que afecta a sectores clave para España: infraestructuras críticas, energía, telecomunicaciones y comercio exterior. La alineación automática con la agenda estadounidense podría limitar la capacidad española —y europea— de mantener políticas de diversificación estratégica y relaciones económicas equilibradas con terceros actores. Una posición cooperativa pero autónoma permitiría a España negociar desde márgenes de agencia propios, especialmente en el marco comunitario, y evitar una inserción pasiva en dinámicas de rivalidad geoeconómica global.

La tercera dimensión es la proyección regional. España posee activos estratégicos en el Mediterráneo, el Sahel y América Latina, regiones que no siempre ocupan un lugar prioritario en la NSS 2025. Este diferencial constituye una oportunidad para que España aporte valor añadido a la alianza transatlántica, contribuyendo a la estabilidad de espacios que afectan directamente a la seguridad europea. Al mismo tiempo, refuerza la posibilidad de que España impulse dentro de la UE una agenda estratégica propia, alineada con sus intereses y complementaria —pero no subordinada— a la estadounidense.

El principal desafío para España es evitar una posición reactiva o subordinada ante el nuevo marco estratégico. El fortalecimiento del vínculo atlántico debe combinarse con el desarrollo de capacidades nacionales y europeas que consoliden una alianza equilibrada, basada en la convergencia de intereses, la reciprocidad y la preservación de márgenes de decisión propios. Solo desde esa posición será posible convertir la cooperación con Estados Unidos en un instrumento de refuerzo estratégico, y no en un mecanismo de dependencia estructural.

A la luz de los cambios estratégicos introducidos por la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025, la Unión Europea y España deben adoptar una respuesta que combine cooperación transatlántica, autonomía estratégica y capacidad de agencia propia. En primer lugar, resulta imprescindible avanzar en el desarrollo de capacidades industriales, tecnológicas y de defensa europeas, no como alternativa a la OTAN, sino como complemento que refuerce la posición europea dentro de la alianza. Este refuerzo debe vincularse a una política industrial que genere retornos económicos y tecnológicos internos, evitando dinámicas de dependencia estructural.

En segundo lugar, la cooperación con Estados Unidos debería orientarse hacia ámbitos de convergencia real —ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas, seguridad marítima, innovación dual y lucha contra amenazas híbridas—, priorizando aquellas áreas en las que la coordinación mejora la resiliencia compartida. Al mismo tiempo, la UE y España deben preservar márgenes de decisión propios en cuestiones geoeconómicas y comerciales, especialmente en lo relativo a la diversificación de socios y al diseño de políticas de seguridad económica.

En tercer lugar, España puede desempeñar un papel articulador dentro de la UE, promoviendo una posición europea más cohesionada y contribuyendo con su proyección en el Mediterráneo, el Sahel y América Latina como valor añadido dentro de la relación transatlántica. Finalmente, cualquier incremento del gasto en defensa debería integrarse en una estrategia que combine legitimidad social, impacto económico y coherencia estratégica, de modo que el fortalecimiento de capacidades responda tanto a las exigencias del entorno internacional como a los intereses nacionales y europeos a largo plazo.